Por pedido de la Fiscalía Federal, la Justicia dispuso que 3.300 pares de calzado y 700 prendas ropa que incumplían con la ley de marcas sean entregadas a tres organizaciones con trabajo social en distintos barrios de Mar del Plata.
En el marco de una causa en la que se investigó el contrabando de indumentaria y accesorios, como así también la comercialización de mercadería en infracción a la ley de marcas, la Justicia Federal resolvió la entrega de 3.300 pares de zapatillas y unas 700 prendas de ropa a organizaciones que trabajan en los barrios vulnerables de Mar del Plata.
Según la causa, en la que intervino el juez federal Santiago Inchausti, quien subroga el Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata, esta mercadería pertenecía a una organización que operó al menos desde mediados de 2016 y hasta junio de 2018, cuando se produjeron los allanamientos, a través de la venta de estos artículos en comercios tipo “showrooms” y por medio de redes sociales, que tenían almacenados en viviendas particulares y en bauleras que alquilaban para tal fin.
Al momento de dictaminar en el marco de esta causa, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, sostuvo: “Del análisis del caso surge el secuestro de gran cantidad de mercadería (en su gran mayoría vestimenta y zapatillas), respecto de las cuales el juez ordenó su decomiso, mientras actualmente se encuentran en el depósito de la Dirección General de Aduanas. Es decir, hace cuatro años que las cosas se encuentran depositadas e incumplida la manda judicial”.
“En ese marco -añadió-, tal como oportunamente ya he sostenido y ha sido acogido favorablemente por esta Cámara, los bienes que resultan de la propia conducta delictiva son normalmente destruidos o dispuestos a fines sociales independientemente de la culpabilidad o inocencia de su titular, o derechos de terceros, lo cual muestra que el fundamento de estos decomisos es de naturaleza preventiva. La privación de esos bienes, encuentra fundamento en que tales elementos han sido utilizados de un modo perjudicial para la sociedad y por ello, el Estado debe impedir que ello vuelva a ocurrir”.
En este sentido, Adler sostuvo que “la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia de este MPF informó que los elementos referidos resultarían de extrema necesidad para las personas en situación de vulnerabilidad que son asistidas por diversos centros comunitarios”.
Y agregó: “En consecuencia, he de requerir que instruya la entrega de la mercadería decomisada a las entidades de bien público de nuestra comunidad informadas”.
La resolución de la Cámara Federal y la decisión del juez
Al resolver la cuestión, la Cámara Federal de Mar del Plata, con el voto del juez Eduardo Jiménez -al que adhirió su colega Alejandro Tazza-, indicó: “En cuanto al planteo fiscal de disponer la entrega de la mercadería incautada ─siendo imposible su venta en subasta pública─ a entidades de bien público de nuestra comunidad, entiendo que dicha cuestión deberá ser tratada por el juez de la instancia anterior en el correspondiente incidente”.
Por ello, el juez federal Inchausti -quien había actuado en la instrucción-, dispuso el decomiso de toda la mercadería secuestrada en el marco de la causa y ordenó su disposición a fines sociales.
De esta manera, y bajo la articulación del personal de la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la semana pasada se armó un dispositivo en inmediaciones a la sede de AFIP-Aduana en el Puerto de Mar del Plata, a través del cual se distribuyeron alrededor de 3.300 pares de zapatillas y ojotas, cerca de un centenar de prendas de abrigo, y unas 700 unidades de pantalones, camisetas y remeras.